El
informe anual “Análisis y Perspectivas 2016” de la Fundación FOESSA,
que este año se publica bajo el título Expulsión
Social y Recuperación Económica, constata una España a dos velocidades en
términos de exclusión social.
En una rueda de prensa
celebrada el 2 de junio en la sede de Cáritas Española en Madrid, Natalia Peiro, directora del Area de
Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas, y Guillermo Fernández, miembro del Comité Técnico de FOESSA, alertaron que “el análisis territorial de la
desigualdad, la pobreza y el desempleo muestran un país a dos velocidades, y que, como
consecuencia de la crisis, se ha generado un proceso de divergencia entre las
Comunidades Autónomas”.
Un país a dos
velocidades
La conclusión de este diagnóstico se basa en cuatro factores:
1. Las diferencias en el
eje norte-sur no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar: mientras
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana,
Canarias y las Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante una
eventual salida de la crisis, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se
encontrarían en mejor situación, desde el punto de vista de la pobreza, la
desigualdad y el desempleo más grave.
2. En segundo lugar, los
indicadores de desempleo analizados, que serían el desencadenante más claro de
una buena posición de salida para la población en peor situación, muestran una
recuperación muy débil y, en algunos casos, muy alejados del ritmo necesario
para impulsar una reducción intensa de la pobreza y la desigualdad. De los
cuatro indicadores analizados, sólo en uno de ellos hay cuatro CC.AA. que
consiguen mejorar su situación desde el primer impacto de la crisis en el año
2009.
3. Las diferencias
regionales de la pobreza apuntan a una salida divergente de la crisis. Esta
disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias de desigualdad y
bienestar.
4. La «situación de
salida» para el conjunto de las CC.AA. ofrece una peor situación respecto a los
datos recogidos en 2009 en el primer impacto de la crisis. Este resultado nos
permite afirmar que la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión
social, a pesar del crecimiento económico, es muy elevada.
Para elaborar el
Informe, los expertos del Comité Técnico de FOESSA han utilizado los indicadores que cualifican la cohesión social y que miden la
fractura social de un país: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la
exclusión social. Y se evalúan en qué
medida las CC.AA. parten con mayores fortalezas y debilidades. Se ha comparado
el año 2009, en el que se produjo el primer impacto de la crisis, con el
período 2014-2016, donde los datos económicos y de desempleo comienzan a
cambiar. La lectura de estos indicadores arrojan los siguientes resultados.
Renta
Los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el
primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%.
Las CC.AA. con mayor renta media inicial experimentan las menores
caídas, de manera que aunque las posiciones relativas en el ranking se mantienen casi constantes,
las diferencias entre regiones aumentan en este período.
Desigualdad
Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo
que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. En la mayor parte de
las CC.AA. el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis.
Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha son las CC.AA. donde el 20% más pobre
ha caído más. Las dos únicas CC.AA. donde ha crecido la renta de los más ricos
han sido Aragón y Galicia.
Las variaciones en la desigualdad en las CC.AA. indican que existen
diferentes razones que las originan y que ahondan en la heterogeneidad
territorial de nuestro país. Por ejemplo, mientras Navarra apenas ha crecido en
las rentas medias pero sí en los extremos, Aragón ha
aumentado la desigualdad tanto en las rentas medias como entre los más ricos y
los más pobres.
Pobreza
Aumenta el riesgo de pobreza en todas las CC.AA. y en el conjunto
nacional la variación anual media es del 9% si anclamos el umbral de pobreza en
el año 2009.
Las mismas Comunidades siguen estando en los extremos de la
clasificación de las tasas de pobreza, una situación que se repite desde hace
décadas.
Si se analiza la pobreza según el nivel de vida de cada región, el
resultado varía en Comunidades como Aragón, La Rioja y Asturias, donde el aumento se dispara, y
Navarra y País Vasco, que lo contendrían debido a sus mejores sistemas de
protección social.
Desempleo
Durante el período 2009-2016, la evolución del paro de la persona
referencia en el hogar muestra un empeoramiento en las CC.AA. mejor
posicionadas a comienzos de la crisis y una cierta mejoría o estabilización en
las que se encontraban peor.
Respecto a los hogares con todos sus miembros activos en paro, no ha
habido ninguna Comunidad Autónoma que haya logrado reducir esta situación a
niveles anteriores a 2009.
En 14 CC.AA. 4 de cada diez desempleados serían parados de muy larga
duración.
En cuanto al número de hogares sin ingresos, los mayores incrementos
se han producido en las CC.AA. en que el número de hogares afectados era el
menor en el 2009. Asturias, Navarra y especialmente Galicia destacan en su
incremento.
Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos
anteriores a la crisis, ya de por sí elevadas, puede suponer hasta siete años.
Consecuencia del
modelo social
Como ha señalado Natalia Peiro, las dificultades que revela el Informe
“responden a una cuestión de modelo social, de cómo nos planteamos la
construcción de nuestra sociedad. No es una consecuencia de la crisis. Lo que
sí han empeorado como consecuencia de la
crisis son las condiciones de vida para que las personas y familias puedan
abrir un nuevo periodo de mejora, porque su posición ya no es la misma y
tampoco sus oportunidades”.
Otro factor preocupante es que estas consecuencias se estén haciendo invisibles
para una parte de la sociedad y que ese proceso vaya a más. “Se trata de algo
ya experimentado también en otras crisis: en el año 2007, por ejemplo, la
exclusión social de la población española era del 16,3% y afectaba a más de 7,3
millones de personas. Pero casi nadie lo percibía”, ha afirmado la directora de
Comunicación de Cáritas.
El Informe desvela que estamos asistiendo a lo que se denomina proceso
“contracíclico” y que, como explicó Guillermo Fernández, consiste en que “ante
periodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente; sin embargo, en
fases de crecimiento no desciende en la misma medida e, incluso, permanece
estancada”.
Natalia Peiro ha urgido a “recuperar para la política de lo social a
los ignorados, los no útiles, los expulsados, sobre todo en un momento como el
actual, donde el deterioro de un sector significativo de la sociedad exige una
mayor altura de miras, a la que nuestros partidos no han sabido responder
todavía”.
Propuesta para
rescatar a las personas más vulnerables
Para ello, en la rueda de prensa se
desglosó una propuesta de FOESSA y que Cáritas recoge en el documento de
Propuestas ante las elecciones generales
presentado a todas las fuerzas políticas
marco de garantía de rentas: los hogares en pobreza severa, los
trabajadores y trabajadoras pobres y a las familias con hijos e hijas a cargo.
Esa meta implica poner en marcha tres medidas de carácter complementario:
Primera. Creación de una Renta Garantizada que cubra un mínimo equivalente en
el conjunto del territorio del Estado. Se estima un coste de entre 2.700 y
3.600 millones de euros para una cobertura entre el 75% y el 100% de los posibles
hogares sin ingresos beneficiarios de la prestación.
Segunda. Extensión de la
Renta Garantizada a través de un programa de bonificación al
empleo. Tendría un coste estimado de
entre 2.300 y 5.200 millones de euros.
Tercera. Aumento de la protección a la familia y la infancia a través de la
ampliación de la cobertura de la actual deducción fiscal reembolsable para
familias numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos
hijos. El coste de una medida de estas características supondría una inversión
cercana a los 7.000 millones de euros, introduciendo elementos de
condicionalidad de renta.
En suma, alrededor de 10.000 millones de euros sería la cifra
necesaria para garantizar la adecuada protección de esos grupos sociales más
vulnerables.
Como reclamó Guillermo Fernández, “si, como todo indica, España tendrá
que afrontar a muy corto plazo una previsión presupuestaria cercana a esa
cantidad para responder al esfuerzo reclamado por la Comisión Europea
para corregir el balance estructural de la desviación del déficit, la pregunta
es si, como cuarta economía de la zona euro y decimotercera del mundo en
términos de Producto Interior Bruto, no debemos exigirnos llevar a cabo un
esfuerzo presupuestario y fiscal similar para dotarnos de un sistema de
garantía de rentas que reduzca significativamente la pobreza y permita el
rescate de los derechos y la dignidad de millones de personas”.
Profundizamos y
debatimos
El
Informe se completa con dos capítulos. En el primero, bajo el epígrafe “Profundizamos”, se
plantean respuestas a la pregunta “¿Es posible revertir la desigualdad en
España?” a la luz de las propuestas de A.
B. Atkinson, quien desde hace cinco décadas dirige las principales
investigaciones desarrolladas por la
OCDE.
En el capítulo «Debatimos», varios expertos de reconocido prestigio abordan tres
temáticas de fondo que van a estar con nosotros durante bastante tiempo y que
tienen todas ellas una especial incidencia en los procesos de exclusión social:
la Cumbre del
Clima desde el punto de vista de los más excluidos, la situación de los
refugiados y las capacidades de nuestro sistema de acogida, y finalmente una
valoración sobre qué esconden las siglas TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
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