Los recientes descubrimientos de fosas comunes en
Tailandia y Malasia con cadáveres de supuestos migrantes birmanos están
revelando la magnitud que el tráfico de seres humanos tiene en los países del
Sudeste Asiático, un escenario que claramente puede equipararse a la tragedia
que viven a diario los miles de personas que se lanzan a las aguas del
Mediterráneo para intentar alcanzar las costas europeas.
El drama adquiere todavía mayores similitudes con
el que vivimos en nuestro propio entorno geográfico, a la vista de las imágenes
de embarcaciones atestadas de inmigrantes birmanos exhaustos, que navegan a la
deriva en aguas de Tailandia y Malasia a la espera de ser acogidos por algunos
de estos países.
La extrema vulnerabilidad de
los rohingya
El caso del pueblo rohingya es
especialmente crítico en este escenario migratorio, ya que al ser un pueblo de
apátridas, sin nacionalidad ni ciudadanía reconocida por ningún Estado, su
vulnerabilidad se incrementa doblemente y se convierten en objetivo prioritario
para el negocio inhumano de la trata de personas.
Carentes de reconocimiento legal en su país de
origen, Myanmar, donde son considerados como auténticos parias,
los rohingya no pueden iniciar ningún proceso migratorio regular.
Además, dado que tanto Tailandia, como país de tránsito, como Malasia, como
país de destino preferente de esta comunidad, no son firmantes de la Convención para el
Estatuto de los Refugiados de 1951, no pueden acogerse a los derechos recogidos
en la misma cuando consiguen entrar en estos países.
Estas condiciones de máxima vulnerabilidad son
ampliamente aprovechadas por las mafias de traficantes. Además de cobrarles por
el viaje a terceros países, los traficantes pueden después “vender” a los
viajeros, quienes, además, tendrán que pagar a sus “empleadores” el coste que
estos hayan pagado por ellos o ser objeto de explotación laboral mientras los traficantes
reclaman a sus familias un rescate. Este círculo de explotación puede acabar en
la muerte de sus víctimas, como demuestran las fosas comunes recién
descubiertas.
Respuesta regional en clave de derechos
humanos
El Gobierno de Tailandia está revisando tanto su
legislación como sus políticas en materia de migración y tráfico de personas,
sobre todo a raíz de que Estados Unidos incluyera a este país asiático en el
grupo de aquellos cuyos Gobiernos no cumplen con los estándares mínimos en la
lucha contra el tráfico de seres humanos. Asimismo, las autoridades de Bangkok
han puesto en marcha diversas medidas de control y mejora de la situación de
los migrantes en el país. Sin embargo, el respeto y la protección de los
derechos humanos siguen sin estar la base de las respuestas políticas que todos
los Gobiernos del Sudeste Asiático están obligados a articular sin demora para
afrontar este grave problema migratorio.
Reunión de la Asean en Bangkok
Más de 3.000 personas, entre bengalíes
y rohingya, han desembarcado en Tailandia, Indonesia y Malasia en lo que
va de mes, y se calcula que unos 6.000 más están aún abandonados en el mar. Hoy
viernes tiene lugar en Bangkok, convocada por el Gobinero tailandés, una
reunión de los miembros de ASEAN (Asociación del Sudeste Asiatico) y otros
países, así como organizaciones internacionales, a la que asiste también el
Gobierno de Myanmar, con el fin de encontrar soluciones regionales a la actual
crisis.
Por su parte, la Comisión de Migraciones y
la Oficina de
Emergencias y Refugiados de Cáritas Tailandia, y la Caritas Diocesana
de Suratthani están participando en las plataformas de la sociedad civil que
reclaman acciones urgentes y soluciones duraderas para este problemas, basadas
en el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de estos
“descartados” del siglo XXI. Estas plataformas –como el Grupo de Trabajo sobre
Migrantes y la Red Asia
Pacífico para los Derechos del Refugiado– han reclamado de forma reiterada a
los Estados su obligación de tomar medidas legales y eficaces contra el tráfico
de personas, así como de prestar ayuda a los inmigrantes en base al respeto de
los derechos humanos y los principios humanitarios.
En concreto, la Red Asia Pacifico viene
insistiendo en que “todas las personas tienen el derecho de pedir y recibir
asistencia humanitaria y protección internacional. Este principio es aplicable
en el contexto de los rescates en el mar y de operaciones marítimas de
intercepción. Todas ellas deben asegurar el acceso a tierra y a un
procedimiento completo y justo de asilo para aquellos que expresen una
necesidad de protección internacional. Ningún refugiado debe ser penalizado por
el modo en que han entrado en un país. Los acuerdos de recepción de personas
rescatadas en el mar también tienen que cumplir con los estándares
internacionales”.
Programas de acogida de Cáritas en
Tailandia
Para Cáritas, es especialmente relevante que se
aborde este problema desde un enfoque regional. La alta movilidad humana del
Sudeste Asiático, motivada bien por oportunidades laborales como por conflictos
o situaciones de exclusión y persecución, es un aspecto central de este drama
que exige medidas comunes y coordinadas para garantizar el reconocimiento y el
respeto de los derechos de cada persona.
Cáritas Tailandia lleva más de 25 años asistiendo
a refugiados de Myanmar, peticionarios de asilo y
migrantes laborales. Cáritas Española, dentro de su opción de
acompañar a los últimos y no atendidos en cualquier lugar del mundo, apoya
desde hace 7 años sus proyectos de protección y asistencia humanitaria en los
campos de refugiados, de promoción de la educación para la infancia migrante,
de acceso a los derechos legales y de prevención del tráfico de personas.
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