viernes, 28 de noviembre de 2014

30 de noviembre: Campaña por las Personas sin hogar. "Por una vivienda digna y adecuada. Nadie Sin Hogar"

Convocado por Cáritas, FACIAM (Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados), fePsh (Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin hogar), XAPSLL (Xarxa d´Atenció a Persones sense llar) y BesteBi (Plataforma por la inclusión residencial y a favor de personas sin hogar de Bizkaia), el pasado 30 de noviembre celebramos el DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR que este año ha llevado por lema “POR UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. NADIE SIN HOGAR”.

Estas entidades han querido denunciar que la «situación de emergencia residencial» que se vive en España y añaden que «no se trata de una afirmación alarmista, sino de una constatación que ponen de manifiesto los datos». Así, mientras fePsh indica que más de 30.000 personas viven en nuestro país sin hogar y sin techo, el VII Informe FOESSA señala que en 2013 un 3,3% de personas en España viven en situación de hacinamiento. Y, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre enero y julio de 2013 se produjeron en España 35.908 desahucios; y el 83% de los afectados afirman no tener otra vivienda, ni de propiedad, ni de alquiler, en la que alojarse.

Nos recuerdan que «toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada». Este derecho se incumple gravemente en las personas y familias que no tienen techo o, aún teniéndolo, no disfrutan de una vivienda digna, adecuada, en paz y en un entorno habitable y sustentable. En las que se ven empujadas a vivir sin techo, en espacios públicos o pernoctando en algún centro de emergencia y de carácter temporal. O en las que no tiene otro remedio que seguir viviendo en una recinto inadecuado, ya sea una chabola o en una vivienda masificada.

Nos animan a «aprehender que no hay derechos para nosotros y “sobras” para las personas que están en situación de sin hogar». Y nos recuerdan que «somos todos seres humanos y, por tanto, titulares de derechos. Y todas las personas son igual de prioritarias en la garantía de sus derechos por parte de las Administraciones públicas».

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